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Desde hoy, 19 de junio, la Unión Europea ha activado nuevas obligaciones para las compras por internet que obligan a los comerciantes a ofrecer una vía clara y digital para cancelar contratos. El cambio busca reducir la fricción en el comercio electrónico y fortalecer la protección de quien compra por web o aplicación.
Qué exige la norma y a quién afecta
La normativa comunitaria —recogida en la Directiva (UE) 2023/2673— obliga a los negocios que vendan a distancia a incluir una **función de desistimiento online** siempre que la contratación se haya realizado por una **interfaz en línea** (sitio web, aplicación u otra plataforma digital). Esto abarca ventas de bienes físicos y la contratación de servicios, incluidos contenidos digitales, suscripciones y seguros.
El objetivo es que el consumidor pueda anular la compra con la misma facilidad con la que la realizó: la herramienta debe ser visible, accesible y operativa durante todo el plazo legal de desistimiento.
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Requisitos prácticos para la función
La norma establece condiciones concretas sobre cómo debe diseñarse esa vía de cancelación. Entre las obligaciones más relevantes figuran:
– Que la función sea fácil de localizar en la página o la app, sin pasos adicionales innecesarios.
– Que esté disponible de forma continuada durante el periodo de desistimiento.
– Que su visibilidad no dependa de descargar software o iniciar procedimientos ajenos a la contratación.
– Que conviva con otros medios de desistimiento ya existentes (por ejemplo, formularios, correo electrónico o teléfono).
Algunos puntos clave: la herramienta no puede esconderse en menús profundos ni exigir que el consumidor cree una cuenta nueva, y debe permitir completar el desistimiento sin trámites complejos.
Plazo para ejercer el derecho
En España, la legislación nacional mantiene el plazo general de **14 días naturales** para desistir de los contratos celebrados a distancia o fuera del establecimiento, salvo excepciones recogidas por la ley. Ese plazo suele empezar a contar desde la recepción del producto o, en el caso de servicios, desde la celebración del contrato.
Excepciones habituales incluyen productos personalizados, bienes perecederos o determinados servicios cuya ejecución comienza con el consentimiento expreso del consumidor y su renuncia expresa al derecho de desistimiento.
Consecuencias y deberes para empresas y consumidores
Para los comercios implica actualizar interfaces y procesos: adaptar botones, mensajes y flujos para que la opción de desistimiento sea evidente y funcional. Las plataformas que actúen como intermediarias también deberán facilitar mecanismos que permitan cumplir la norma.
Para los consumidores supone una ventaja práctica: menos obstáculos para cancelar compras y mayor claridad sobre cómo ejercer sus derechos. En la práctica, esto puede reducir disputas y reclamaciones administrativas.
Cómo comprobar si una tienda cumple
– Localice la opción de cancelación en la página del producto o en el área de gestión del pedido.
– Verifique que la función funciona sin necesidad de pasos extra (descargas, registros) y que permanece accesible durante todo el plazo.
– Guarde confirmaciones o capturas en caso de discrepancia.
En conjunto, la medida pretende armonizar la experiencia de compra en la UE y garantizar que cancelar una compra en línea deje de ser un trámite opaco. Para los consumidores supone menos fricción y para los vendedores, la obligación de hacer explícito un derecho que ya existía en la práctica.
