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Galicia ultima una normativa que pretende fijar reglas claras sobre el uso de dispositivos y plataformas digitales en centros educativos, con decisiones que afectan desde la presencia del móvil en clase hasta las comunicaciones entre familias y docentes. La propuesta, que podría empezar a aplicarse este año, busca proteger la privacidad, reducir distracciones y delimitar horarios de contacto entre la comunidad escolar.
Qué abarca la norma y por qué importa ahora
La llamada Ley de Educación Digital quiere ordenar la incorporación de las tecnologías en todos los niveles educativos, tanto para potenciar competencias digitales como para garantizar derechos básicos: privacidad, seguridad y el descanso fuera del horario escolar. Su avance coincide con un debate nacional sobre el papel de las redes sociales y la inteligencia artificial en la enseñanza.
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Para las familias y el profesorado la relevancia es inmediata: la norma prometida pretende acabar con prácticas habituales —mensajes fuera de horario, difusión no autorizada de imágenes, uso indiscriminado de aplicaciones— que, según las autoridades, afectan al bienestar y a la organización del centro.
Principales medidas previstas
- No se permitirán grabaciones de clases sin el permiso explícito de los interesados.
- Queda prohibida la difusión de imágenes de alumnos a través de apps de mensajería, redes sociales o webs sin autorización.
- Los exámenes y el material evaluable no podrán publicarse en plataformas abiertas.
- Las redes sociales solo podrán utilizarse con fines educativos y siempre bajo supervisión docente.
- La inteligencia artificial se contempla como recurso pedagógico, por ejemplo para detectar dificultades de aprendizaje o generar contenidos adaptados, pero su uso exigirá herramientas autorizadas.
- Sólo se admitirán herramientas digitales homologadas por la Consellería.
- Se fijan límites en el uso de teléfonos móviles: no se contempla su uso individual hasta etapas avanzadas de Primaria (el texto provisional lo sitúa en torno a 5.º de Primaria).
- Se reconoce el derecho a la desconexión digital de alumnos y profesores, con horarios concretos aún por definir.
- El profesorado deberá acreditar formación en competencias digitales para ejercer con garantías.
WhatsApp y las comunicaciones entre familias y centros
Una de las decisiones con mayor impacto práctico es la restricción del uso de WhatsApp como canal formal entre docentes y familias. La Consellería pretende prohibir la creación de grupos entre profesores y padres y canalizar la comunicación por vías oficiales que establecerá el propio departamento.
El conselleiro Román Rodríguez ha señalado que la medida responde a quejas de familias y profesorado sobre mensajes fuera de horario —por ejemplo, a horas de la noche— que dificultan la conciliación. Según fuentes de la Consellería, se regularán los horarios permitidos para comunicaciones y se diseñarán canales alternativos, todavía en evaluación.
Cómo se aplicará y qué queda por concretar
La propuesta incluye mecanismos para dar cobertura legal al profesorado en caso de incumplimientos: se prevé facilitar a los centros criterios para retirar dispositivos cuando se usen fuera de lo permitido. No obstante, los detalles sobre sanciones, procedimientos y los canales oficiales de contacto permanecen por definir.
La norma también insiste en que sólo estarán autorizadas las herramientas que superen un proceso de homologación, un punto que obliga a proveedores y centros a adaptarse a requisitos técnicos y de protección de datos.
Qué supondrá en la práctica para familias y docentes
Si la ley se aprueba tal como está diseñada, en la práctica los padres y madres deberán acostumbrarse a recibir comunicaciones por plataformas oficiales del centro y a respetar ventanas horarias para los mensajes. Los docentes verán reforzada su formación digital y contarán con mayor seguridad jurídica para intervenir cuando un dispositivo altere la actividad lectiva.
- Padres: menos interacción por WhatsApp, más usos de canales institucionales; mayor control sobre la publicación de fotos de menores.
- Alumnado: reglas claras sobre cuándo y cómo usar dispositivos personales en el aula.
- Centros: responsabilidad para seleccionar y justificar el uso de aplicaciones y herramientas de IA.
La Consellería pretende que el modelo sirva de referencia para otras comunidades, aunque su implantación y eficacia dependerán de los desarrollos normativos complementarios y de la capacidad de los centros para adaptarse a los cambios. Entre las incógnitas aún abiertas están los canales oficiales concretos, el calendario exacto de entrada en vigor y el régimen sancionador para incumplimientos.
En las próximas semanas será clave seguir la tramitación de la ley y los borradores que definan los procedimientos operativos: de ellos dependerá cómo estas normas se traducen en la rutina diaria de aulas, familias y profesorado.
