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El Ministerio de Igualdad ha propuesto adjudicar a la UTE integrada por Vodafone y Securitas el contrato para gestionar el sistema de control telemático conocido como pulseras antimaltrato. La decisión, aún sin la firma final, renueva el servicio en un momento crítico para la fiabilidad de la tecnología y la protección de las víctimas.
Adjudicación provisional y cifras clave
Según documentos de la mesa de contratación a los que ha tenido acceso la prensa económica, la unión temporal de empresas (UTE) Vodafone‑Securitas superó en la valoración a la oferta de Orange y Verisure. La propuesta ganadora parte de un presupuesto inicial de 71,3 millones de euros para tres años, que podría elevarse hasta 111 millones si se aplican dos prórrogas anuales.
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En términos económicos, la UTE vencedora presentó la oferta más económica para el primer tramo: 67,54 millones por los tres primeros años frente a los 70,31 millones que ofreció Orange.
Por qué la decisión despierta debate
La adjudicación llega tras meses de críticas por fallos técnicos y problemas de cobertura en el sistema vigente, conocido como Cometa. Incidentes prolongados llevaron a advertencias de la Fiscalía y a sanciones administrativas: el consorcio recibió recientemente una multa por una interrupción del servicio que se prolongó casi 13 horas.
No obstante, en la valoración técnica Vodafone‑Securitas obtuvo una puntuación sensiblemente superior (41,30 frente a 26,66), destacando sobre todo en el plan de transición y en los servicios de telecomunicaciones.
Requisitos técnicos que marcaron la diferencia
El ministerio elevó los estándares del pliego para minimizar las fallas anteriores; entre los criterios que la UTE cumplió figuran cuatro exigencias de conectividad consideradas decisivas:
- eSIM multioperador para garantizar redundancia de red.
- Actualización de firmware remota mediante OTA (over‑the‑air).
- Capacidad de envío de comandos directos desde el centro de control.
- Disponibilidad de acelerómetro integrado en los dispositivos.
Estas condiciones fueron determinantes en la puntuación técnica y, combinado con el menor precio, explican el resultado provisional de la licitación.
Nuevos dispositivos: más vigilancia y mayor robustez
El nuevo pliego obliga a sistemas de «segunda generación» diseñados para reducir manipulación y falsos negativos. Las principales novedades son prácticas y técnicas a la vez.
- Tobilleras en lugar de pulseras de muñeca, con carcasa reforzada y pantalla de cristal endurecido para dificultar su extracción.
- Geoposicionamiento autónomo: los aparatos podrán localizar con independencia del teléfono del agresor.
- Alertas por Bluetooth entre el dispositivo de la víctima y el del agresor como capa adicional frente a la pérdida de señal GPS.
- Seguridad criptográfica y eSIM para evitar suplantaciones y garantizar conectividad permanente.
- Mantenimiento y logística estrictos: stock mínimo de 2.000 unidades y sustitución de equipos averiados en menos de 24 horas.
Estas condiciones buscan no solo mejorar la detección, sino también acortar los plazos de respuesta y reparación, aspectos críticos en situaciones de riesgo extremo.
Qué sigue: plazos y transición
La mesa de contratación debe formalizar la adjudicación en una próxima reunión y, hasta entonces, el Ministerio mantiene una prórroga de cuatro meses del servicio actual para garantizar continuidad en la protección de las usuarias.
Si se firma el contrato, la UTE adjudicataria afrontará obligaciones operativas y de disponibilidad muy concretas que serán objeto de seguimiento por parte de la administración, dadas las deficiencias previas y el interés público en la eficacia del sistema.
La renovación plantea dos retos inmediatos: que los nuevos dispositivos cumplan en campo lo que prometen los pliegos y que la administración supervise con rigor los compromisos de mantenimiento y seguridad para evitar nuevas interrupciones con consecuencias judiciales y personales.
